Por Claudia Iriarte
Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación Codepu, evalúa la situación de los derechos humanos en Chile y repasa lo que ha sucedido en las marchas estudiantiles: “Hemos visto como la represión se ha incrementado y con métodos más sofisticados. El actuar de Carabineros hoy no sólo es disuasivo, no sólo lanzan agua, si no que le colocan elementos químicos que provocan quemaduras o alergias en las personas. Hay denuncias al respecto, y el actuar de Carabineros se oculta, ya que ellos encubren su identidad. Así como se acusa a los jóvenes de encapucharse o taparse el rostro, ellos también actúan en un ámbito de impunidad, se están encapuchando, sacan sus nombres de los chalecos, muchas veces los vehículos tampoco tienen identificación”.
En una evaluación global, además, recuerda que de los más de 1.500 casos judiciales por violaciones de los derechos humanos en dictadura, sólo hay 66 con condena. También alerta que falta incorporar el delito de tortura en el Código Penal y menciona un dato que parece algo olvidado: que Chile sigue enviando militares a la ex Escuela de las Américas, donde reciben entrenamiento de Estados Unidos para enfrentar al “enemigo interno” que antes era el comunismo y que hoy “pueden ser el narcotráfico, el terrorismo, los pueblos originarios, los trabajadores, los estudiantes”.
¿Cuál es tu diagnóstico sobre los derechos humanos hoy en Chile?
Existe una deuda muy grande en materia de derechos humanos, porque no se ha diseñado ni implementado una política que aborde integralmente el tema. Sólo han existido políticas paliativas y parciales. A 39 años del golpe de estado hay procesos judiciales que no tienen condena, en muchos casos, ni siquiera se han podido iniciar los respectivos juicios en los tribunales. Falta verdad, justicia, reparación, educación y prevención. La deuda es con las víctimas directas, con sus familiares, pero también con la sociedad. En materia de tratados internacionales, si bien se han ratificado tratados, como la Convención contra la tortura y su protocolo, en la práctica no se han implementado. Por ejemplo, no se ha tipificado el delito de tortura en el Código Penal, ni se han elaborado los mecanismos de prevención que contemplan estas normas internacionales.
En síntesis, no hay una política integral en materia de derechos humanos que este orientada a evitar que en Chile exista nuevamente una vulneración masiva de los derechos humanos.
¿Y qué ocurre a nivel de las instituciones militares en este ámbito?
Chile es el segundo país que más personal militar envía a capacitarse al Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad –la ex Escuela de las Américas– que funciona en Estados Unidos y que mantiene los mismos objetivos en relación al entrenamiento de personal policial o militar de América Latina. El modelo de instrucción no ha cambiado, incluso mantienen el salón de honor donde están colgadas las fotografías de los dictadores de América Latina. Lo que ha cambiado es el enemigo interno: antiguamente, la doctrina de la seguridad nacional señalaba que éste era el comunismo, hoy pueden ser el narcotráfico, el terrorismo, los pueblos originarios –mapuches en el caso chileno–, los trabajadores, los estudiantes. Lo más grave es que los ejércitos continúan siendo entrenados en forma conjunta bajo instrucción norteamericana. Además, en Chile se implementa, en el Fuerte Aguayo en Concón, bajo el patrocinio norteamericano, un centro de entrenamiento para las “Fuerzas de Paz”, que comprende las policías, incluso las civiles, y a los militares.
“También es preocupante el número de detenidos y heridos (en las marchas). A los jóvenes se les acredita lesiones en las propias comisarias, y cuando hay 100 o doscientos detenidos, llevan a un médico o dos y hacen levantar la mano a aquel niño que tiene lesiones. Muchos no levantan la mano por que están asustados o quieren salir luego e irse a sus casas, por lo que no se hace la constatación de lesiones o se realiza muy por encima. Ello implica que hay jóvenes que después de haber estado detenidos dan cuenta de que fueron golpeados o maltratados y aparece hematomas, quebraduras, quemaduras en partes no visibles del cuerpo”.
Decías que falta verdad y justicia, ¿dónde se hace esto más manifiesto?
Los informes que han emitido la Comisión Rettig, la Comisión Valech y los informes siguientes dan cuenta de números, de realidades, de secuestros, de torturados, etc. Sin embargo éstos dejan fuera a un gran número de personas, ya que hay casos que no logran acreditarse o personas que no acceden a las comisiones por la falta de antecedentes que permitan demostrar lo que ocurrió, o incluso hay algunas que teniéndolos, les falta confianza para hacer llegar la información.
A lo anterior se suma que en los casos en que se logra iniciar un juicio, terminan sin sanción, por la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978, o se condena a los acusados a penas muy bajas, por que se aplica la legislación penal común que no distingue los casos de comisión de delitos de lesa humanidad y, además, por la aplicación de atenuantes, como la irreprochable conducta anterior o la media prescripción. De los más de 1.500 casos judiciales que existen, sólo hay 66 con condena, las que además son muy bajas, lo que implica que en algunos casos las cumplen con beneficios de excarcelación y están en sus casas. Para los que cumplen condenas efectivas se han creado cárceles especiales, como Punta Peuco o como el Regimiento de Telecomunicaciones, donde no se les aplica el ordenamiento jurídico chileno de régimen carcelario, y cuentan con beneficios extraordinarios, como la posibilidad de comunicarse con el exterior y dar información o entrevistas, u organizar actos de homenaje a otros criminales. Esto en ningún caso se les permite a otros presos, por lo que se está atentando, además, contra el derecho de igualdad establecido en la Constitución.
¿Qué pasa con el exilio, con el destierro? Parece un tema olvidado cuando se habla de Derechos Humanos…
Se ha hecho un seguimiento de los casos que en la década del 90 se le conmutó la pena de privación de libertad por la de extrañamiento, han pasado más de 20 años y estas situaciones se mantienen sin variación. Alrededor de una decena de chilenos están impedidos de ingresar a nuestro país por padecer este castigo. No debemos olvidar que los presos políticos fueron juzgados por las leyes creadas por la dictadura militar, como es la ley antiterrorista, fueron sometidos a tortura y otros trato crueles, inhumanos y degradantes… fueron condenados por la justicia militar, siendo ellos civiles, en fin, el debido proceso no estuvo presente.
¿Y cuál es el balance de la realidad de los DDHH hoy día en Chile? ¿Hay situaciones de violaciones a los derechos humanos?
Creemos que sí, y estamos preocupados por ello. Hay un retroceso en lo que se había logrado en materia de derechos humanos, por ejemplo en relación al derecho a la libertad de expresión, en el derecho a reunión. Los medios de comunicación vuelven a informar en forma parcial lo que le interesa al gobierno y al poder económico. Fundamentalmente, se trata de fomentar el miedo por la inseguridad ciudadana, sostener que hay un caos por el aumento de la delincuencia. La gente había logrado confianza de salir a las calles, de expresarse, sin embargo hay proyectos de ley que bajo el pretexto de mantener el orden público, solo atentan contra el derecho de expresión o manifestación, de reunión, como la Ley Hinzpeter que está en el Congreso actualmente.
Hay también retroceso en cuanto a la política sobre derechos humanos. Se crea una nueva institucionalidad, la Subsecretaría de DDHH, que tiene un rol muy débil, se limita a coordinar solo cinco ministerios donde no están los más claves en materia de prevención y conocimiento del tema, como es el caso del Ministerio de Educación, y, además, se crea como una dependencia del Ministerio de Justicia, repartición que tiene serios cuestionamientos en materia de derechos humanos, fundamentalmente por servicios de su dependencia como son Gendarmería y el Sename. El otro tema especialmente complejo es el que se refiere al pueblo mapuche. El Estado chileno ha tenido por décadas una política de transgresión de los derechos del pueblo mapuche y otras etnias, como lo vimos recientemente con la comunidad Rapa Nui. La política ha sido negar sus derechos, se ha tratado de asimilarlos.
“En los planes de anti delincuencia en la Población La Legua y en otros sectores, uno ve a militares o carabineros con material de guerra o material muy pesado, que no tiene que ver con una política de control y seguridad, si no que de agresión y prácticamente de guerra contra las personas que viven allí”.
¿Hay grupos o sectores de la población que estén más vulnerables?
Actualmente se realiza una aplicación focalizada de la ley antiterrorista en la zona de la Araucanía, la que además está totalmente militarizada, no hay respeto a las personas que allí habitan, se allanan sus domicilios, sus comunidades. Incluso es más, la cantidad de militares que hay en la zona implica la imposibilidad de que las personas puedan transitar libremente por los caminos, permanentemente se les registra sus pertenencias, su identidad. Todo lo anterior hace que en esta zona haya un estado de facto de restricción de los derechos fundamentales, y esto se ha ido agudizando en los últimos años, lo que nos preocupa por lo que implica en sí, y además, porque se puede repetir en otras zonas del país.
De hecho existe en otras poblaciones de un modo solapado. Por ejemplo los planes de anti delincuencia en la Población La Legua y en otros sectores, donde uno ve a militares o carabineros con material de guerra o material muy pesado, que no tiene que ver con una política de control y seguridad, si no que de agresión y prácticamente de guerra contra las personas que viven allí.
En los últimos dos años en Chile, sectores importantes de la población chilena han salido a las calles a hacer uso de su derecho de expresión ¿cómo evalúan ustedes la reacción de la institucionalidad y particularmente de la policía?
Hemos visto como la represión se ha incrementado y con métodos más sofisticados. El actuar de Carabineros hoy no sólo es disuasivo, no sólo lanzan agua, si no que le colocan elementos químicos que provocan quemaduras o alergias en las personas. Hay denuncias al respecto, y el actuar de Carabineros se oculta, ya que ellos encubren su identidad. Así como se acusa a los jóvenes de encapucharse o taparse el rostro, ellos también actúan en un ámbito de impunidad, se están encapuchando, sacan sus nombres de los chalecos, muchas veces los vehículos tampoco tienen identificación. Incluso, en la protesta contra el acto de homenaje a Pinochet, el 10 de junio, se vio como muchos grupos de represión andaban de civil, vehículos de civil e incluso gente armada. Se denunció, pero es muy difícil demostrar quienes son porque actúan al amparo o al alero de Carabineros.
También es preocupante el número de detenidos y heridos. A los jóvenes se les acredita lesiones en las propias comisarias, y cuando hay 100 o doscientos detenidos, llevan a un médico o dos y hacen levantar la mano a aquel niño que tiene lesiones. Muchos no levantan la mano por que están asustados o quieren salir luego e irse a sus casas, por lo que no se hace la constatación de lesiones o se realiza muy por encima. Ello implica que hay jóvenes que después de haber estado detenidos dan cuenta de que fueron golpeados o maltratados y aparece hematomas, quebraduras, quemaduras en partes no visibles del cuerpo. En esos casos es muy difícil acreditar que fueron a consecuencia de los hechos cuando estuvieron detenidos, ya que los hacen firmar al momento de retirarse que no registraban lesiones.
“Los medios de comunicación vuelven a informar en forma parcial lo que le interesa al gobierno y al poder económico. Fundamentalmente, se trata de fomentar el miedo por la inseguridad ciudadana, sostener que hay un caos por el aumento de la delincuencia. La gente había logrado confianza de salir a las calles, de expresarse, sin embargo hay proyectos de ley que bajo el pretexto de mantener el orden público, solo atentan contra el derecho de expresión o manifestación, de reunión, como la Ley Hinzpeter”.
¿Podríamos decir que hay prácticas similares a las que existieron en la dictadura respecto del control en las marchas?
Yo diría que hay prácticas que no se lograron eliminar y que hoy día se han incrementado producto de la impunidad que existe. Durante algún periodo habían disminuido, pero hoy hay un incremento de los delitos de abuso policial, los delitos de tortura, que no están tipificados como tales, pero existen. A ello se suma -y es también parte de las deudas en materia de derechos humanos- que la justicia militar sigue teniendo una competencia sumamente amplia para investigar, en casos de abuso policial, apremios ilegítimos y violencia innecesaria, cuando los agentes son funcionarios de Carabineros o Investigaciones. Claramente no existe igualdad de procedimiento, no existe una garantía a un proceso mínimo imparcial, ya que los jueces militares tienen obviamente una postura frente a este tipo de juicio donde ellos son juez y parte. Además, existe aún etapa de sumario, que ya no existe en la justicia penal ordinaria. La gran mayoría de los casos llega a sobreseimiento, y fundamentalmente por la dificultad para identificar al autor, no porque no se haya acreditado la existencia del delito.
“Actualmente se realiza una aplicación focalizada de la ley antiterrorista en la zona de la Araucanía, la que además está totalmente militarizada, no hay respeto a las personas que allí habitan, se allanan sus domicilios, sus comunidades. Incluso es más, la cantidad de militares que hay en la zona implica la imposibilidad de que las personas puedan transitar libremente por los caminos, permanentemente se les registra sus pertenencias, su identidad”.
En el plano internacional ¿cómo se ve Chile comparado con otros países de la región?
La deuda con los derechos humanos es compartida por los países de la región. Los niveles de desigualdad, de injusticia, de pobreza, de mala distribución, en general, se comparten con los demás países de América Latina. Sin embargo, uno reconoce avances en algunos países, como es el caso de Argentina en cuanto a su compromiso con la verdad y con la justicia. Allí se ha diseñado una política y una estrategia, que implica que los juicos son orales, son públicos y se transmiten a la comunidad. Ello no sólo tiene que ver con la justicia, si no que con la construcción social en cuanto a la posibilidad de no repetición. Además, las penas que se aplican a los violadores a los derechos humanos son penas reales, no son ni simbólicas, ni ficticias, muchas de ellas son cadenas perpetuas. El tema educación y memoria es una realidad, se han implementado programas de educación y trabajo de la memoria a nivel nacional, tanto en los colegios como en las universidades. Los demás países estamos en deuda y debemos aprender de estas experiencias, conocerlas, replicarlas. Son de realidades cercanas a nosotros y nos va a ayudar a tener un país mucho más justo, un poco más igualitario, más participativo y de construcción en conjunto.
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